Las organizaciones empresariales Cepco, Anci, Aerco, Seopan y la Confederación Nacional de la Construcción consideran que el Plan de Ajuste de la Obra Civil anunciando por el Gobierno en el Parlamento y detallado por el ministro de Fomento, es “una acción gravemente perturbadora para la economía española, que va a tener repercusiones muy negativas sobre el empleo y sobre la cadena de producción asociada a la obra pública”.

Por otra parte, estas organizaciones entienden la necesidad de reducir el déficit debido a la situación económica actual, pero que “esta reducción del gasto no debe recaer preferentemente sobre la inversión pública, ya que ésta constituye el arma más importante a disposición de los Gobiernos para potenciar el crecimiento por su carácter anticíclico y su impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo”.

También entienden que, en la coyuntura económica actual, no sea posible un incremento en la inversión pública pero “recortar las inversiones ya comprometidas en infraestructuras constituye un retroceso claramente evaluable y muy negativo en términos de PIB, empleo, aumento de los subsidios, reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, disminución de la recaudación por IRPF”, y como consecuencia es un “freno a la productividad y la competitividad de nuestra economía”.

Estas agrupaciones empresariales indican que es necesario que “por cada millón de euros invertidos en infraestructuras el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros y que por cada millón de euros se recorta en inversión se destruyen 18 puestos de trabajo”. Indican además que el recorte en las inversiones que estaban pendientes de ejecutar se estima en 21.000 millones de euros y como consecuencia estiman que “el impacto de estas desinversiones supondrá una destrucción no menor de 115.000 empleos, asociable directamente a la reducción de la actividad”.

Igualmente se pide desde las asociaciones empresariales de la construcción que se busquen alternativas para la reducción del gasto público para la elaboración del presupuesto de 2011 sobre el gasto no productivo y no una reducción de la inversión en infraestructuras.

En un comunicado, las organizaciones empresariales de la construcción solicitan de manera prioritaria la necesaria colaboración público-privada con “una pronta puesta a punto de la licitación del Programa Extraordinaria de Infraestructuras” anunciado por el presidente del Gobierno el pasado 7 de abril ante estas organizaciones del sector de la construcción y los empresarios.

Comunicado de las organizaciones empresariales.